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RESTRICCIONES Y PELIGRO DE PÉRDIDA DE LAS LIBERTADES CÍVICAS EN LA PANDEMIA MUNDIAL








Nancy Sosa

Periodista. Analista política.


Introducción


Cuando el 11 de noviembre, según la Universidad Johns Hopkins, se registraban más de 1,2 millones de muertes por Covid-19 en todo el mundo, y varios países del hemisferio norte soportaban el rebrote de los contagios como consecuencia del relajamiento en el verano boreal, las naciones pudieron sincerar su balance respecto de la devastación, el exceso de las restricciones adoptadas durante el año menos deseado y el avance sobre las libertades cívicas.


Fue una lucha despareja para frenar el embate contra la salud, una búsqueda de soluciones paliativas y el sostenimiento de las economías nacionales paralizadas a causa de las cuarentenas desde principios del 2020. No fue tarea fácil para los gobiernos abordar ese fenómeno desconocido que igualó a los seres humanos y puso de manifiesto la desigualdad de los sistemas de salud en el mundo. Pero la diseminación del virus en todo el planeta develó la verdadera esencia de la raza humana, los niveles democráticos de las medidas adoptadas para controlar la pandemia, y el uso indiscriminado del poder político en una circunstancia extrema.


La metodología de prueba acierto-error en los países amenazados del hemisferio norte a principios del año fue la única herramienta usada en el nuevo escenario, y eso anticipó al hemisferio sur los efectos diversos de la pandemia. Estos países tuvieron la suerte de contar con la información de la tremenda experiencia europea: supieron de antemano cómo atacaría el virus y, sin embargo, con toda la información superaron en cantidad de muertes y contagios por la imprevisión, la impericia y las carencias de los sistemas de salud.


La mayoría de las naciones en el mundo tomaron medidas de emergencia y decretaron cuarentenas cortas o largas, clausuraron los transportes, cerraron espacios aéreos y terrestres, para restringir los desplazamientos. Los países desarrollados dieron prioridad a los testeos con el objetivo de identificar los contagios y aislar a los contactos estrechos. Los menos desarrollados y con problemas económicos hicieron muy pocos testeos en relación al nivel de su población. Los carentes de sistemas de salud mínimamente equipados, como Ecuador, dieron un espectáculo tenebroso de abandono de cadáveres en la vía pública.


En casi todos los países, con algunas excepciones, se coartaron las libertades civiles e individuales. El encierro a que fueron sometidos pueblos enteros con el derrame del discurso del miedo desde las cúpulas gubernamentales fue acatable en un principio sin protestas, pero luego sobrevino la reacción y la rebeldía junto con el desmoronamiento de las economías nacionales, las pérdidas de empleos y la desaparición de miles de Pymes. Otra cara de la pandemia.


Desde 2016 el organismo CIVICUS Monitor, dedicado al fortalecimiento de las sociedades civiles en el mundo, documenta y analiza el estado de los espacios democráticos en 196 países. De sus investigaciones surge que, paralelamente a las medidas de emergencia por el Covid 19, distintos gobiernos tendieron a limitar los accesos a la información y orillaron la censura; se detuvieron a activistas por la difusión de información esencial; se reprimió a defensores de los derechos humanos y de los medios de comunicación; y se violaron derechos a la privacidad, adjudicándose poderes excepcionales excesivamente amplios.


Hubo censura y restricciones al acceso a la información y amenazas por críticas contra la respuesta del Estado. Las medidas pudieron exceder las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de acuerdo con fuentes provenientes de grupos de la sociedad civil, activistas, medios fiables y documentos oficiales.


En Irán, militantes de derechos civiles, periodistas, un concejal municipal y un futbolista fueron detenidos o convocados para ser interrogados después de criticar la gestión de la pandemia por parte del gobierno iraní en sus redes sociales. En las Islas Salomón, el Ministerio de Sanidad amenazó con el despido inmediato de miembros del personal que publicaran en Internet críticas a medidas gubernamentales. En Sri Lanka, el 1 de abril el inspector general de policía instruyó a todos los agentes a su cargo para que emprendieran acciones legales contra aquellos que publicaran contenidos críticos en las redes sociales. La policía de Pakistán detuvo a decenas de médicos y miembros del personal sanitario que protestaron por la falta de equipos de protección individual para luchar contra la pandemia. En Tailandia, el 23 de marzo un artista fue acusado de violar la draconiana Ley de Delitos Informáticos debido a una publicación en Facebook en la que cuestionaba la ausencia de medidas para la detección de la COVID-19 en el aeropuerto. (CIVICUS.org) Y así muchos otros países apelando a la defensa de la salud adoptaron idénticas medidas.


Reporteros sin Fronteras hizo un llamamiento a los gobiernos al comienzo de la pandemia, que aprovecharon para restringir el acceso a internet y bloqueando sitios web, que permitan a los periodistas usarlo libremente para poder dar informar fehaciente sobre la pandemia.


La restricción a los medios de comunicación.

Algunos Estados clausuraron medios de comunicación, restringieron su funcionamiento y criminalizaron a periodistas.


El 17 de marzo se supo que los gobiernos de Jordania, Marruecos, Omán y Yemen habían publicado decretos que suspendían la impresión y la distribución de periódicos en respuesta a la pandemia. Estos decretos afectaban tanto a los medios de comunicación independientes como a los estatales. Las autoridades habrían impuesto esta medida para evitar la posible propagación del virus durante la impresión, entrega y distribución de los ejemplares en papel.


El 5 de marzo las autoridades de Níger detuvieron al periodista independiente Kaka Touda Mamane Goni en su casa en Niamey, capital del país, por publicar opositoras noticias en Facebook y Twitter. En Kenia, el bloguero Robert Alai fue detenido el 20 de marzo por publicar información falsa sobre el virus. Alai denunció que el gobierno estaba ocultando información crucial sobre la propagación del virus y que su incidencia era mucho mayor que la reconocida por el gobierno. Se lo acusó de infringir la Ley sobre Delitos Informáticos y el Uso Indebido de Material Informático de 2018. En Venezuela, el 21 de marzo agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana allanaron el domicilio del periodista Darvinson Rojas y procedieron a su detención por informar sobre la pandemia en el país. En la audiencia del 23 de marzo, Rojas fue acusado de “instigación al odio” y de instigación pública.


Aprobación y uso de leyes restrictivas para combatir las noticias falsas


La propagación de la pandemia fue acompañada por la proliferación de información errónea sobre el virus. Si bien ello constituye un problema grave, algunos Estados recurrieron a leyes muy represivas sobre las noticias falsas que podrían tener una amplia repercusión.


El 18 de marzo el gobierno de Sudáfrica aprobó una nueva legislación que penaliza las declaraciones que buscaran llevar a engaño a toda persona en cuanto a COVID-19 o sobre respuestas del gobierno contra la enfermedad. La nueva normativa fue publicada en el Diario Oficial del Gobierno bajo la Ley de Gestión de Desastres de 2002 y establece sanciones que incluyen multas y penas de prisión. El gobierno de Filipinas declaró el estado de emergencia el 25 de marzo y aprobó una ley que incluyó disposiciones para penalizar la difusión de información falsa en las redes sociales y en otros espacios. Aquellos que violaran dichas disposiciones podrían enfrentarse a pena de prisión o multas pecuniarias, como también parecida disposición tomo Egipto . El Ministerio del Interior de Turquía dictó medidas legales contra 316 titulares de cuentas en las redes sociales que habían difundido información sobre el virus con el fin de «suscitar preocupación entre la población, infundir miedo y terror a la ciudadanía, e instigar a ataques contra personas e instituciones». El 11 de marzo las autoridades de Malasia informaron que habían abierto 37 investigaciones penales relacionadas con la difusión de noticias falsas sobre el virus.

En muchos países hubo persecución de los defensores de los derechos humanos, los abusos policiales, la actuación de escuadrones de la muerte, el excesivo uso de la fuerza, el trato inhumano y degradante por violar cuarentenas, atentaron de modo flagrante contra los derechos humanos.


La vigilancia y las violaciones del derecho a la privacidad se desarrollaron en muchos países y en algunos se pronunciaron mas, como en China, país muy conocido por el uso de la tecnología para la vigilancia sin restricciones impuestas por una legislación destinada a proteger la privacidad.


Su sistema universal de video vigilancia callejera, utilizado por primera vez durante los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, fue desplegado en las principales áreas metropolitanas del país. Recientemente incorporó un sistema de reconocimiento facial. Las autoridades utilizan este método para atrapar, humillar y multar a los ciudadanos que salen a la calle sin mascarillas, pero también para identificar y poner en cuarentena a las personas con síntomas.


El método es por lo menos debatible, al igual que el usado por las autoridades de Israel que permiten a sus servicios de seguridad utilizar los datos de los teléfonos celulares de personas infectadas, invadiendo claramente la privacidad. Al parecer este sistema ya está en funcionamiento y 400 personas ya habrían recibido mensajes de texto advirtiéndoles de un posible contacto con personas infectadas.


El 31 de marzo el parlamento de Armenia aprobó varias enmiendas legislativas que amplían los poderes de vigilancia con el fin de facilitar el uso de los datos de los teléfonos celulares para rastrear los casos de COVID-19. Esto permite a las autoridades acceder a información médica confidencial sobre las personas expuestas al virus.


La sociedad civil de Fiyi planteó sus inquietudes sobre la privacidad después de que el Ministerio de Sanidad difundiera información personal reservada en la que que figuraban los nombres y direcciones de los pasajeros que estuvieron en el mismo vuelo que el primer paciente confirmado con COVID-19 del país. La lista con 82 nombres incluía las direcciones de sus domicilios.


Leyes de emergencia demasiado amplias y nueva legislación restrictiva


La sociedad civil internacional pudo documentar que una serie de países declararon el estado de emergencia o aprobaron leyes o regulaciones de emergencia para combatir el virus que otorgan poderes extraordinariamente amplios a los gobiernos y ponen en peligro las libertades cívicas. El derecho internacional sobre los Derechos Humanos es claro: toda nueva medida debe estar sujeta a una adecuada supervisión por parte del parlamento y de los tribunales, no ha de ser discriminatoria y deberá tener definida su duración.


Entre los casos destacados por CIVICUS se encuentra Hungría. Su nuevo Proyecto de Ley para la Protección contra el Coronavirus o Proyecto de Ley T/ 9790, aprobado el 30 de marzo, extiende el poder del gobierno para gobernar por decreto y lo sustrae del escrutinio parlamentario durante un tiempo ilimitado. Esta nueva ley también modifica el Código Penal en lo relativo al delito de «comunicación y difusión de información falsa»: cualquier persona que publique hechos falsos o distorsionados que interfieran con la «protección eficaz» de la población o que pudieran alarmar o perturbar a la población podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión.


En Serbia, su presidente Aleksandar Vucic, declaró el estado de emergencia hasta nuevo aviso, sin límite de tiempo. Ni siquiera fue posponiendo la eventual finalización. Relegó al Parlamento, cerró fronteras y la policía aplica un toque de queda de 12 horas diarias. Los mayores de 65 años de edad tienen prohibido salir de sus casas. El mandatario serbio, que hace apariciones teatrales diarias por televisión y emite decretos por doquier, asumió plenos poderes. Los opositores, indignados, lo acusan de tomar inconstitucionalmente el control del Estado


El gobierno de Camboya redactó un proyecto de ley que facultarían al primer ministro Hun Sen para derogar las protecciones de los derechos humanos fundamentales. Esta ley incluye un poder de vigilancia ilimitado de las telecomunicaciones, el control de los medios de comunicación y de las redes sociales, y la plena autoridad para restringir las libertades de movimiento y de reunión. Los artículos 1 y 4 de este proyecto de ley permitirían su aplicación incluso una vez finalizada la crisis.


ESTADO DE DERECHO ES MÁS QUE ESTADO DE EMERGENCIA


El Estado de Derecho no puede ser suplantado por el Estado de Emergencia, más que por un breve tiempo de crisis humanitaria, grave, que requiere de una condensación del poder al solo efecto de agilizar la toma de decisiones, evitar mayores costos de la crisis, adoptar restricciones generales elementales en un principio y focalizarlas inmediatamente después. Una cosa es el poder al servicio de la crisis, otra muy distinta es la utilización de la catástrofe para el beneficio de un grupo político. Los gobiernos autocráticos, o poco democráticos, se valieron de la pandemia en 2020 para profundizar la centralización del poder político en el aparato estatal y fomentar los personalismos.

Toque de queda, cierre de fronteras, estado de emergencia o cuarentena sin fecha de caducidad o prolongaciones planificadas de antemano, son medidas extremas a las que apelan gobiernos autocráticos o relativamente democráticos para someter a la población con la excusa de contener la expansión de los contagios del Covid 19. Todas son restricciones generales porque desde que se inició la pandemia los gobiernos eligieron tomar medidas abarcativas en vez de actuar sobre estrategias con restricciones sectoriales y quirúrgicas, menos costosas que las generales. Un ejemplo de esto es el gobierno de Serbia que aplicó las medidas más restrictivas de toda Europa. No obstante, gobiernos democráticos y respetuosos de las libertades civiles se vieron obligados ahora, en el rebrote de la pandemia al comienzo del otoño en el hemisferio norte, a establecer toques de queda solamente en horarios nocturnos, como en Francia y España, para evitar que los jóvenes pongan en peligro sus vidas y las de sus familiares o personas cercanas tras sus salidas y diversiones en lugares de aglomeración humana. El relajamiento estival hizo aumentar al rebrote y con él las restricciones sobre las libertades tan defendidas.


“Un estado de emergencia, siempre que se declare y por el motivo que sea, debe ser proporcional a su objetivo, y mantenerse solo mientras sea absolutamente necesario”, dijo la jefa de derechos de la OSCE, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, citada por The Associated Press.

«El derecho internacional de derechos humanos permite los estados de emergencia, pero las restricciones no deben convertirse en “la nueva normalidad”. Tienen que durar solo mientras dure el peligro”, indicó el investigador de Amnistía Internacional Massimo Moratti.


El virus y la autocracia


El politólogo alemán Jan-Werner Mueller, al analizar las restricciones bajo gobiernos autocráticos llegó a la conclusión de que la pandemia fue utilizada por los líderes nacionales para concentrar poder y eliminar a la oposición política. Es un dato de la actual crisis que a los estados democráticos no debería escapárseles.


No hay dudas de que el coronavirus supone una emergencia global, y tampoco de que los gobiernos tendrán la tentación de utilizarla para ampliar sus poderes e incluso sostenerlos más allá de la pandemia.


Alemania enfrentó la crisis con una política de consenso, como es habitual en el liderazgo de Angela Merkel: combinó un sistema multipartidario con otro federal, pidió asesoramiento científico, y apeló a la responsabilidad social. En contraposición , muchos oficialismos esquivaron esa convocatoria para evitar el trabajo del consenso.


Las emergencias tienen dos defectos: 1) los Estados democráticos concentran el poder en el Ejecutivo. 2) en países amenazados por la «autocratización» los líderes hacen uso de la crisis del coronavirus para deshacerse de obstáculos y garantizar la continuidad de su régimen.


En ambos casos eligen estrategias concentradas respecto de las decisiones. Ejemplos: el presidente ruso Vladimir Putin está en proceso de ser presidente vitalicio por este medio; el primer ministro Benjamin Netanyahu debilita al Knesset (Parlamento israelí) y a los Tribunales; el primer ministro húngaro Viktor Orbán, pionero de la «autocratización» en la Unión Europea, gobierna por decreto y quiere suspender las elecciones y los referendos, además de dar al gobierno la autoridad para encarcelar periodistas.


Grupos de derechos humanos y civiles, y funcionarios, señalaron que la ley abría la posibilidad de instaurar un estado de emergencia por tiempo indefinido y le daba al gobierno de Orbán una carta blanca para restringir derechos humanos y coartar la libertad de prensa. Pero el presidente húngaro profundizó su poder. “Orban está desmantelando la democracia ante nuestros ojos. Es una vergüenza para Europa, sus valores fundamentales y su democracia. Orban se aprovechó del coronavirus para matar la democracia y la libertad de prensa”, dijo Tanja Fajon, miembro del Parlamento Europeo.


En Rusia, donde es escasa la supervisión y el control independiente de los poderes del Estado, y la oposición carece de representación parlamentaria, la imposición de más medidas de vigilancia encubierta -escucha de teléfonos, intercepción de mensajes electrónicos o censura- pueden suponer un gran riesgo, advirtió el abogado Kiril Koroteyev, especializado en derechos civiles, integrante del grupo ruso Ágora.


Pero eso no preocupó a Putin este año, que tuvo que posponer por la pandemia las elecciones previstas para abril con el propósito de alcanzar la eternidad política en el poder. El 1 de Julio de 2020, finalmente los rusos votaron una reforma de la Constitución que diseñó un país más nacionalista y conservador, despejó el camino al presidente para mantenerse en el Kremlin hasta 2036, y respaldó un gran paquete de enmiendas estratégicas a la Constitución de Rusia. Fue la mayor reforma a la Ley Fundamental desde el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Esa reforma fue clave para el Kremlin y por esa razón se impulsó la participación mayoritaria con ayuda de los gobernadores. Los rusos pudieron votar en colegios pero también por internet, una nueva modalidad adoptada en Rusia, e incluso a domicilio con un servicio especial para la gente que no podía salir de su casa. Todo en medio de una pandemia y con más de 6.000 nuevos infectados de coronavirus detectados cada día en aquel momento. Blogueros anticorrupción, políticos de fuerzas independientes, el movimiento Rusia Unida y hasta el Partido Comunista en la oposición, pidieron votar en contra.


Como novedad la Constitución enmendada consagró “la fe en Dios” pero rechazó el matrimonio igualitario al establecer la “unión entre un hombre y una mujer”, e impuso al ruso como el “idioma del pueblo constitutivo del Estado” en ese país que es diverso y multiétnico..


Lo que caracterizó particularmente a la pandemia del coronavirus es que en un principio desactivó las protestas contra los gobiernos. Cuando Putin anunció cambios a la Constitución prohibió las manifestaciones para que no se propague el virus. Cuando Orbán elimine las elecciones dirá que el distanciamiento social es incompatible con un procedimiento electoral de votar todos en un mismo día. Una precaución razonable utilizada como maniobra de desbaratamiento de la voluntad popular. No obstante, en muchos países el descontento popular se verifica en las calles, con o sin prevenciones sanitarias de distanciamiento social.


En Turkmenistán, el gobierno del presidente Gurbanguly Berdymukhamedov es tan negacionista que decidió limitar el uso de la palabra "coronavirus" tanto como le es posible, con el fin de impedir la difusión de información sobre la pandemia. De hecho, ordenó la eliminación de esta palabra de los impresos sanitarios distribuidos en hospitales, escuelas y lugares de trabajo.


El funcionamiento de los Parlamentos


El principal hallazgo en esta crisis humanitaria inédita es la incorporación de la tecnología y el trabajo remoto, una de las respuestas más comunes por parte de partidos políticos y Congresos para continuar con sus actividades durante la pandemia, que ofrece la oportunidad de modernizar los procesos y las estrategias de estas instituciones. Sin embargo, las experiencias fueron divergentes.


La Unión Europea modificó su función legislativa debido a la pandemia. En el Parlamento Europeo los debates presenciales son limitados y solo un tercio del aforo se completa. El resto de eurodiputados sigue las sesiones desde su casa y se expiden por un sistema de voto telemático.


En el Reino Unido siguen sesionando con participación reducida, solo 50 legisladores están en el espacio que históricamente fue ocupado por 650 parlamentarios. Otros 150 participan por vía remota y el resto queda por fuera de las sesiones.

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En España no hay sesiones virtuales y el Poder Legislativo funciona de manera presencial con un integrante de cada bloque. El control de esa medida es muy laxo, y actualmente la asistencia es cercana al 70% de las bancadas.

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En países como Francia, Alemania e Italia sólo están presentes "legisladores con derecho a voto", designados por el resto de los legisladores, que siguen las sesiones a distancia. Todos estos países están aprobando más ayuda económica del Estado a los sectores más afectados por la pandemia.


“Ésta es una oportunidad para habilitar la tecnología en una cantidad de procesos que en el trabajo legislativo no estaban siendo utilizados", observa la directora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de la Fundación Directorio Legislativo, Mercedes de los Santos. “Necesariamente los congresos tienen que ponerse en marcha. La sociedad necesita de manera urgente respuestas. Algunos parlamentos de América Latina ya tenían hecho un trabajo de transparencia y acceso a la información de plataformas digitales, por eso se adaptaron mucho más fácil y rápidamente", destaca.


Internet, un obstáculo para los gobiernos autoritarios


Algunos gobiernos usaron la pandemia para reducir la libertad en internet. Al menos 20 países se escudaron en ella para incorporar restricciones digitales radicales y arrestar a sus críticos, según el último informe de Freedom House. Los expertos demandan la construcción de estructuras sólidas de gobierno que hagan cumplir los derechos básicos 'online'. La libertad global en internet viene disminuyendo por décimo año consecutivo, como también los derechos de las personas. Sus investigadores analizaron 65 países, es decir el 87 % de los usuarios de internet en todo el mundo, desde junio de 2019 hasta mayo de 2020. Con la llegada de la pandemia se verificaron cambios claves.


Además de los 20 países que aplicaron restricciones, otros 28 bloquearon sitios web, obligaron a los medios, los usuarios y las plataformas a censurar noticias o informaciones y estadísticas sanitarias desfavorables sobre el coronavirus. En 45 países hubo arrestos de personas por sus publicaciones en internet sobre el Covid 19.


La vigilancia tecnológica mediante las Apps para controlar el cumplimiento de la cuarentena, fue abusiva en Barein, India, Rusia y China. En esta última se usaron herramientas de alta y baja tecnología tanto para gestionar el control del brote como impedir que los usuarios compartieran información.


La libertad en internet dentro de los Estados Unidos se ve amenazada al reducirse por cuarto año consecutivo. Las agencias federales y locales de aplicación de la ley norteamericana adoptaron nuevas herramientas de vigilancia en respuesta a las protestas contra la injusticia racial. El informe revela que varias personas enfrentan cargos penales por actividades online relacionadas con las manifestaciones y critica al presidente Donald Trump por emitir órdenes “ejecutivas draconianas” sobre la regulación de las redes sociales y por contribuir con una desinformación peligrosa.


El fenómeno "splinternet" avanza. Estados Unidos, la India y Pakistán prohibieron aplicaciones de propiedad china, lo que ayuda a legitimar la postura de China de que cada estado debe supervisar su propio "internet nacional".

En al menos 13 países internet fue bloqueado por completo en algún momento durante el año pasado. La India encabeza los apagones de internet. Rusia, por su parte, aprobó nuevas leyes para aislar a su población de internet global durante las emergencias nacionales. Irán cortó las conexiones internacionales para ocultar una violenta represión policial durante unas protestas masivas. Los legisladores de Brasil, Pakistán y Turquía aprobaron, o consideraron, nuevas regulaciones para que las empresas impidan que los datos de los usuarios salgan de sus países.


China se mantiene como el peor abusador del mundo sobre la libertad en internet por sexto año consecutivo. Sorprendentemente, el informe de Freedom House no mencionó el uso de métodos altamente represivos que China emplea para reprimir las libertades de los “uigures” (grupo étnico musulmán que vive en noroeste de China) tanto dentro como fuera del país. El país tiene sus propias plataformas, similares a Youtube, Whatsapp y Twitter, en las que se bloquea el contenido crítico. Los jóvenes chinos que nunca han estado en el extranjero solo conocen de oídas las grandes plataformas estadounidenses. Esto le permite al Partido Comunista controlar muy de cerca la información.


"El movimiento por la libertad en internet debe elevar sus ambiciones en lugar de limitarse a exigir políticas que respeten los derechos básicos para empezar a construir estructuras de gobierno sólidas que consagren y hagan cumplir esas protecciones", señala el informe y sus autores ofrecen una lista de recomendaciones que incluyen un llamamiento a los legisladores para que introduzcan rigurosas leyes de privacidad de datos y protejan el cifrado. También piden que se tomen medidas para garantizar que la conexión a internet sea accesible y asequible para todos, especialmente teniendo en cuenta el teletrabajo y la educación online. El informe demanda a las empresas privadas que garanticen una moderación del contenido "justa y transparente" y se resistan a las prohibiciones de los servicios digitales y bloqueos a la conectividad a internet. Pero, fundamentalmente, el informe pide a los gobiernos que refuercen la "ciberdiplomacia" para defender un internet libre y abierto, elaborando normas para restringir la exportación de las tecnologías represivas.


En Rusia hubo una resonante manifestación en defensa de la libertad en Internet. La amenaza real es la posibilidad de que el gobierno de Putin corte los cables de la red global, y tenga una Intranet propia para ejercer un control más fácil fronteras adentro. Putin firmó en mayo pasado una ley para crear una Internet rusa "independiente”. Moscú quiere dirigir el tráfico de Internet en su territorio a través de servidores propios. La ley estaba programada para entrar en vigor el 1° de noviembre. El gobierno autocrático ruso quiere aumentar la censura y no es considerado como un caso aislado. Rusia, China, Irán, Vietnam, Cuba y Corea del Norte ya cortaron los cables de Internet, parcial o completamente.


Rusia sigue los "exitosos" pasos de China. La censura de Internet también tiene razones económicas: fortalecer las propias industrias. La máquina de búsqueda china Baidu, muchas veces llamado “Google chino” es una compañía de tecnología muy exitosa. Por lo tanto, las medidas restrictivas en Internet no solo tienen razones políticas.


Turquía también se plegó a la censura de los contenidos en redes. El Parlamento turco aprobó una polémica ley que cede a las autoridades un mayor control de los usuarios de redes sociales y les permite censurar contenidos. La normativa obliga a las empresas de redes sociales a designar un representante y a mantener sus servidores en Turquía. Las compañías deberán almacenar datos de los usuarios en el país euroasiático. También se estableció un plazo de 48 horas para eliminar contenido que las autoridades consideren "ofensivo". En el caso de no cumplir con sus obligaciones podrían enfrentarse a multas de entre 1.500 y un millón de dólares. La oposición considera que esta ley es anticonstitucional e implica censura.


El AKP, el Partido oficialista, ya había advertido antes de que pretendía introducir medidas legales para mantener bajo control a los gigantes de las redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube al obligarlos a eliminar contenido o asumir fuertes multas. Entre 2014 y 2019 el Gobierno turco ordenó el cierre de unas 27.000 cuentas en redes sociales y cerca de 246.000 páginas web, según un estudio de la Universidad turca de Bilgi y la Asociación de Libertad de Expresión (IFOD).

En enero se pudo acceder nuevamente desde Turquía a la enciclopedia digital Wikipedia tras casi tres años de prohibición, después de que el Tribunal Constitucional considerara que el bloqueo atentaba contra los derechos recogidos en la Carta Magna.


En Vietnam, país en el cual el Estado controla todos los medios tradicionales y aplica una estricta censura en las redes sociales, las autoridades han reprimido a usuarios de Facebook y a blogueros que buscan comunicar información útil y oportuna sobre la pandemia. Hasta el 17 de marzo al menos 654 personas habían sido convocadas a las comisarías de policía para ser interrogadas por su publicaciones sobre el brote en Facebook, de entre estas, 146 recibieron una multa.


Durante esta crisis, los cortes de Internet perjudican directamente la salud y la vida de las personas, y socavan los esfuerzos para controlar la pandemia. El corte de Internet en la zona de Cachemira administrada por la India está impidiendo que los médicos accedan a información sobre el virus y que puedan informar a la población. En el estado de Rakáin, en Birmania, se han planteado inquietudes similares ya que allí también se ha producido un corte de Internet.


Existe un caso extremo en esta cuestión: el de Corea del Norte. Allí el aislamiento es extremo. La mayoría de los ataques a la libertad en la red fueron para regular el contenido de forma selectiva, incluyendo mensajes políticos y regulaciones para la protección de los niños. Las intervenciones son más peligrosas, agrega el informe, "cuando se apunta a paralizar toda una infraestructura”.


Según el informe de Freedom on the Net, en casi la mitad de los países donde disminuyó la libertad de la red, las intervenciones estuvieron relacionadas con las elecciones. La inestabilidad política también se utiliza como un argumento para controlar el contenido en Internet. En Sri Lanka, después de los ataques terroristas de Semana Santa, las redes sociales fueron cerradas temporalmente para evitar que se propagaran rumores.


Los Estados democráticos no son inmunes a restringir la libertad en la red. En Alemania, por ejemplo, la llamada Ley de Cumplimiento de la Red ha generado un debate en torno a la imposición a las plataformas de eliminar los mensajes de odio. El llamado ”filtro de la Unión Europea” es controvertido. "Las reglas en la red deben estar bien equilibradas entre seguridad, libertad y protección de datos", dice la portavoz de la política de redes del partido Alianza 90/Los Verdes, Tabea Rößner. "Pero la red necesita reglas que castiguen las conductas punibles", agrega.

Para evitar restricciones en la red, la organización "Reporteros sin Fronteras" lanzó en 2015 la acción #CollateralFreedom. Cada año, los sitios web censurados se hacen accesibles en el "Día Mundial de la Censura de Internet" (12 de marzo). Este año, esto se logró en tres plataformas en Arabia Saudita, Pakistán y China.


Nancy Sosa

Periodista y escritora



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