Nancy Sosa
Periodista.
Analista política.
Fundamentos
En este tiempo de pandemia la inseguridad social entró en un proceso de cambio en los modos delictuales con un aumento notable en su nivel de violencia.
Los delitos mutaron en los últimos meses: se replegaron en el inicio de la cuarentena por el miedo al contagio, y resurgieron desde fines de mayo con otras modalidades y mayor virulencia.
Las economías y las producciones paralizadas a causa de los confinamientos obligatorios, las amenazas de quiebras y bancarrotas con pérdidas de puestos de trabajo, la incertidumbre y el temor a la enfermedad, hicieron perder de vista un horizonte posible. Las ayudas estatales resultaron exiguas.
Las asociaciones delictivas y el crimen organizado fueron los primeros en registrar el enorme escenario de vulnerabilidad social causado por la pandemia.
Ahora, las sociedades se enfrentan a varias inseguridades, pero básicamente a dos: la económica y la que provoca a diario la delincuencia al voleo y el crimen organizado, desplegados en un campo liberado de todo límite para avanzar sobre la vida y los bienes ajenos.
La nueva delincuencia, expandida como el coronavirus en todo el mundo, tiene también status planetario. El gran flagelo exige herramientas nuevas para garantizar la Seguridad Nacional y Global en países y regiones.
El inicio de la Cuarentena
Entre marzo y abril pasados se produjo en la mayoría de los países una virtual desaparición del delito. El aislamiento obligatorio recluyó en los hogares a familias enteras, y con ellas a algunos de sus miembros inclinados a cometer delitos en las calles, varios excarcelados justamente con la excusa de evitar el contagio en los penales.
Previo al confinamiento, los delitos más comunes eran el hurto y el robo callejero, por parte de motoristas (llamados comúnmente en Argentina “motochorros”) portando armas de fuego o blancas, verdaderas o falsas. A cara descubierta, los objetivos eran sustraer celulares, carteras, billeteras, dinero, relojes; robar motos y autos al azar, asaltar kioscos y comercios. Las muertes por robo eran consideradas dentro de las estadísticas esperables por los organismos de seguridad.
En Argentina, a partir del Decreto Presidencial del 20 de marzo obligando a la cuarentena, los robos en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires se redujeron casi en un 90%, y pasaron de 225 a 30 en abril y mayo. Los mismos ciudadanos, sin estadísticas, reconocieron la disminución de ataques en la vía pública, en todo el país, hasta el mes de mayo.
Esa caída del delito no fue exclusiva de un país ni de un estado. Por dar algunos ejemplos: en Chicago los arrestos por narcotráfico cayeron un 42%; en Los Ángeles la tasa de delitos graves se desplomó un 30% después del 15 de marzo; Nueva York, donde casi el 20% de la fuerza policial de la ciudad se contagió de COVID 19, registró una disminución de dos dígitos en la delincuencia. En España cayó un 50%, en Gran Bretaña bajó un 28%.
En general, en distintos puntos del planeta, hubo menos denuncias por actos criminales, pero sí crecieron los pedidos de auxilio telefónicos por violencia familiar en todo el mundo.
¿Qué frenó la delincuencia?: el confinamiento obligatorio en el hogar, la implementación de mayores controles policiales para hacer cumplir la cuarentena, y el miedo al contagio.
El control policial de ingresos y egresos a pueblos, ciudades, provincias y países fue una herramienta vital en ese freno. El confinamiento obligatorio y el miedo propiciaron la inactividad de los delincuentes.
Sin embargo, el paréntesis obligado permitió que la delincuencia se reformulara, potenciara su violencia y creara una nueva articulación en patota para abordar calles, barrios y propiedades privadas, con una agresividad devastadora, sin códigos ni límites.
En Argentina, especialmente en el Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, proliferaron los planes de incursiones domiciliarias como nunca antes, y los ataques callejeros en grupos de cuatro o cinco y luego hasta de catorce, con demostración de enorme violencia contra trabajadores esenciales, los únicos autorizados a trabajar y a usar el transporte público. De este crecimiento no hay números, las estadísticas sobre estos hechos están en una nube por la cuarentena.
Violencia Familiar
Sin embargo, es visible y comprobable que la reclusión en el hogar hizo recrudecer la violencia familiar y los femicidios. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina señaló que entre Enero y Abril ya se habían cometido en el año 97 femicidios, en su mayoría en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Santa Cruz, Misiones y Jujuy. El 38,4% fueron cometidos por parejas/esposos, el 25,3% por ex parejas, el 11,1% por desconocidos y el 31,3% por padres, padrastros, tíos, hijos y nietos. Pero igualmente los números están tan atrasados como el recuento de fallecidos por el COVID 19, que se conocerán dentro de un año.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reconoce las dificultades para cuantificar la violencia intrafamiliar en el mundo, sobre todo la doméstica. Sí admite, porque se hacen sentir, que aumentaron los llamados de pedidos de auxilio.
Ciberdelitos
En este complejo panorama creció un tipo de crimen más moderno, de fácil acceso al universo de los menores, adolescentes y jóvenes, y destinado a algunos mayores: el ciberdelito, entre los que se cuentan el grooming y las estafas por internet.
La cibercrimen se aprovechó de la pandemia para atacar a empresas e individuos. Junto a los ya más tradicionales casos de ransomware (software malicioso) o phishing (suplantación de identidad) surgieron los ataques de vishing (la comisión del delito a través del uso de mensajes de voz), y el smishing (comisión de delito a través de mensajes de texto).
El aislamiento obligatorio en los menores, los recursos tecnológicos a su alcance, la imposibilidad de asistir a clases, el distanciamiento social y el aburrimiento, fueron caldo de cultivo para el despliegue del “grooming”, con el propósito de exponer y perforar identidades y voluntades de menores. En el primer semestre del 2020 aumentó la actividad de los pederastas en línea.
En cambio, los adultos y en particular los mayores, fueron las víctimas preferidas para las ciberestafas por internet.
Interpol, Europol, el FBI o Naciones Unidas alertaron en mayo pasado sobre el incremento de los ciberdelitos. Por ejemplo, en Renania del Norte-Westfalia, la región más poblada de Alemania, el gobierno regional tuvo que suspender temporalmente el pago de las ayudas y los créditos a empresas concedidos en el plan económico contra la pandemia porque la página web a través de la que debían solicitarse, había sido clonada. Los delincuentes engañaron a los solicitantes para usurpar su identidad y cobrar las ayudas.
En México, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital confirmó en una investigación de Deutsche Welle (DW) que a las denuncias de fraudes, extorsiones o robo de datos personales, se sumaron las de creación de sitios para dar información falsa y obtener de manera ilícita datos personales y dinero por medio de fraudes. Un sitio en particular ofrecía "la venta de pruebas rápidas de COVID-19.
Dos millones de correos electrónicos fraudulentos al día fueron detectados por Microsoft en todo el mundo, 60 mil de los cuales llevaban mensajes maliciosos del COVID 19, según confirmó esa empresa.
En estos delitos es importante la cooperación internacional porque la capacidad técnica de los grupos para realizar sofisticados ataques informáticos suelen trascender fronteras. La cantera de estos ciberdelitos se hallan mayoritariamente en los "países de Europa del Este, que tienen grupos criminales muy activos y muy buenos técnicamente", señalaron fuentes reservadas que aceptan la dificultad para establecer fehacientemente las autorías. Muchas veces los atacantes se escudan en idiomas ajenos a su nacionalidad para confundir el origen y generar un ataque denominado de “falsa bandera”.
En la República Checa, precisamente en el Hospital Universitario de Brno, se cancelaron operaciones y admisiones de nuevos pacientes por la parálisis de los sistemas informáticos. La Unión Europea y sus Estados miembros pidieron acciones contra los promotores de tales actividades.
También el FBI alertó sobre los delitos informáticos durante la crisis sanitaria al descubrir una página web bloqueada que vendía supuestas vacunas contra la enfermedad.
El asistente del director del FBI, Matt Gorham, resumía a la agencia AP lo fácil que resulta hacer estas estafas: "Hoy en día uno puede ir a la internet oscura y adquirir 'exploits' con poco o ningún conocimiento sobre cómo funcionan realmente, refiriéndose a sitios ocultos de internet donde los criminales compran armas, sustancias ilegales, datos robados de tarjetas de crédito o esos 'exploits', herramientas informáticas que aprovechan la vulnerabilidad de los softwares para ingresar en las computadoras sin necesidad de introducirles un virus informático.
Delitos sanitarios
La pandemia incentivó el tráfico de barbijos, la venta de falsas vacunas y remedios milagrosos, el robo de tubos de oxígeno y respiradores o aparatos médicos en hospitales. Profesionales falsos con vestimenta médica estafaron con la excusa de hacer pruebas de COVID 19 en los domicilios. Otros pidieron dinero en nombre de la Organización Mundial de la Salud.
Desde las instituciones del Estado surgió en cientos de países la especulación en las compras de alimentos y medicamentos, elementos sanitarios en cantidades desmesuradas.
La magnitud de la situación es tal que la Organización de Naciones Unidas creó el Observatorio Regional de Precios de Medicamentos en América Latina, con el fin de evitar irregularidades en la compra de medicamentos e insumos durante la pandemia.
Cada vez más, se acumulan informes de compras fraudulentas. En Colombia al menos 14 de los 32 gobernadores del país han sido investigados por delitos incurridos en el marco de la emergencia sanitaria, que van desde malversación de fondos, concesión ilegal de contratos sin concurso público, hasta alteración en los precios de los mercados para las familias pobres.
La Fiscalía ecuatoriana también investiga 63 casos de corrupción y ha llevado a cabo allanamientos en 27 ciudades durante las investigaciones, principalmente por presuntos sobreprecios.
En Bolivia el ministro de salud permanece en prisión preventiva por una presunta conspiración para la compra de respiradores.
En Brasil, contratos fraudulentos motivaron la suspensión del Gobernador de Rio de Janeiro.
En Argentina se propusieron compras en cada provincia de 100 millones de bolsas herméticas para cadáveres, 100 millones de barbijos, 100 millones de respiradores, cuando en el país hay 45 millones de habitantes.
Circulación clandestina de dinero
A partir del 9 de junio del corriente año quedó al descubierto en varios países latinoamericanos la circulación clandestina de dinero en efectivo trasladado en camiones de gran porte.
Fuentes institucionales y privadas aún no pueden explicar el origen ni el destino de más de 100 millones de pesos -entre pesos y dólares- confiscados en rutas argentinas durante Junio y Julio. De los 27 operativos realizados entre Junio y Julio se consignaron 79.455.661 pesos, surgidos de la suma de 60.136.336 pesos y 257.591 dólares, que al cambio oficial de 75 pesos dio $19.319.425. El resto se incautó durante el mes de agosto en que continuó ese tipo de delito.
Tampoco explicaron de donde provenían y cuál era el destino de las barras de oro puro encontradas en algunos de los procedimientos.
El portal InSight Crime, dedicado a la investigación de esta clase de delitos y otros más sofisticados, confirma el desconocimiento del origen del dinero, así como el incremento del contrabando en el norte argentino donde los pasos fronterizos, debido al coronavirus, fueron cerrados.
Ello generó el uso de rutas alternativas en una extensa frontera que es un virtual “colador”. Algo similar ocurriría en la frontera entre Estados Unidos y México. La suposición más firme señala que los traficantes habrían vuelto al viejo método de contrabandear el efectivo porque la pandemia imposibilita el lavado de dinero mediante el comercio.
Al gran plano del desconocimiento se suma la falta de regulaciones legales para el transporte de dinero, considerado solo como “mercadería”, sin atender el valor real de los billetes. Un agujero jurídico inexplicable.
Fuentes oficiales no descartan, por el volumen en billetes, que la plata recorra un tramo de la cadena de “lavado de dinero”, se re-direccione y responda al narcotráfico, al cual la pandemia le cortó no solo el flujo de distribución de la droga sino también los modos de blanquear el dinero.
Grupos del crimen organizado lavan cada vez más dinero a través de las criptomonedas con ayuda de hackers, según un informe de IntSights Cyber Intelligence, una firma dedicada a investigar las ciberamenazas a nivel global para la cual el sector estaría “diversificando sus flujos financieros”.
De los controles terrestres y el decomiso en Argentina se ocupó la Gendarmería Nacional. Participaron de la investigación la Dirección Nacional de Investigación Criminal en sus dos áreas, la de Delitos Federales y la de Delitos Económicos. Las requisas se dieron en distintos pueblos y parajes de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Entre Ríos y AMBA.
Narcotráfico y Crimen Organizado en ámbitos comunitarios
El COVID 19 hizo impacto en los ámbitos comunitarios de la mayoría de los países, pero particularmente en América Latina. El narcotráfico tuvo una incidencia fundamental para imponer sus propias leyes de cuarentena, con toques de queda.
Los ejemplos vívidos se registraron en Brasil, El Salvador, Guatemala y Honduras. La milicia paramilitar y los traficantes se impusieron en las favelas y los barrios precarios antes que las autoridades del país o las provincias. Maras y pandillas sugerían por whatsapp no salir de las casas salvo para cuestiones esenciales. La desobediencia se pagaba soportando golpes de bates de Beisbol en las piernas (El Salvador).
Dos ex ministros brasileros reconocieron haber dialogado con los jefes narcos para que hicieran lo que el Estado no podía porque no lo dejaban entrar.
En las favelas de San Pablo y Río los dos grandes cárteles de la droga, el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), junto a otros grupos que controlan esos barrios, se encargaron de hacer cumplir el confinamiento. También armaron sus propios sistemas de atención médica contratando médicos, enfermeras y alquilando ambulancias para atender a los pobladores. Esto mantuvo ocupados por un tiempo a los sicarios que tampoco salieron de las favelas.
El Comando Vermelho tiene bases de operaciones en Paraguay, per sus ramificaciones brasileñas están en plena expansión. En Argentina, a partir de la actuación del chileno Jimmy Medina Ávila, miembro del Comando Vermelho, se detectó una nueva banda a fines de junio que cometió al menos siete asaltos en zonas residenciales de Parque Leloir, Bella Vista y Villa de Mayo, en la provincia argentina de Buenos Aires. El narcotraficante vivía en una zona residencial cerca de la Plaza San Martín, plena ciudad de Buenos Aires. Se trata de un delincuente con una carrera delictiva intensa, buscado por la Procuración carioca por cometer –estando prófugo- 14 robos contra joyerías en Río de Janeiro y ser parte del tráfico de drogas en Morro do Fallet y Fogueteiro. Ahora es buscado junto a siete miembros de su banda por la policía del municipio bonaerense de San Miguel. Uno de sus cómplices, Lucas Jesús Rivera Cantillana, también chileno, fue apresado en un estacionamiento porteño y sus huellas digitales coinciden con las halladas en la casa de un comisario general de la plana mayor de la policía bonaerense que fue víctima de un robo en La Plata, Argentina.
Pero en la actividad del narcotráfico lo más llamativo es la baja de las ventas del narcóticos en muchos países. Los controles vehiculares en el interior de los territorios así como en las fronteras, frenaron los traslados regionales de cocaína y sobre todo de heroína porque esta última viaja en el mundo, generalmente, por vía terrestre. En cambio la cocaína es más proclive de trasladarse a los grandes puertos del hemisferio norte por mar, y al sur por ríos.
En América Latina las fronteras se cerraron selectivamente. Por ejemplo, en Argentina se clausuraron muchos de los 160 pasos legales, pero quedaron abiertos 840 ilegales. La hidrovía en el río Paraná se mantuvo activa toda la cuarentena para los narcos, especialmente desde la salida de Iguazú. Las barcazas pasan sin ser revisadas por San Nicolás, Escobar, Rosario y Campana. Durante la cuarentena el tráfico en la hidrovía aumentó un 100 por ciento.
El precio de la marihuana se duplicó en Argentina por la dificultad para trasladar enormes volúmenes sin ser detectada en los puestos de control habilitados y controlados. Por esa razón retornó la vieja costumbre de aspirar disolventes en los barrios más pobres y en los suburbios urbanos.
El famoso Cártel de Sinaloa sugirió a sus distribuidores mexicanos que aumentaran cinco veces el precio de las metanfetaminas. Las drogas sintéticas, como la MDMA, sufrieron un derrumbe con la cancelación de la vida nocturna. El “basuco” colombiano (cocaína sin refinar y adulterada) elevó su precio un 400 por ciento.
En la ciudad de Nueva York el precio de la marihuana aumentó un 55 por ciento desde marzo; la cocaína y la heroína cuestan 12 y 7 por ciento más caros que hace cinco meses, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA).
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó en su último informe del 26 de junio, con motivo de la jornada mundial contra el consumo y tráfico, el aumento alarmante del uso de sustancias nocivas, más baratas.
“Los grupos vulnerables y marginados, los jóvenes, las mujeres y los pobres pagan el precio del problema mundial de las drogas. La crisis de Covid-19 y la recesión económica amenazan con agravar aún más los peligros de las drogas, cuando nuestros sistemas sociales y de salud han sido puestos al límite”, dijo la directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly, en un comunicado.
COROLARIO
Un discurso global sobre la inseguridad
1) Hubo, efectivamente, una notable reducción de los delitos en el comienzo de la cuarentena.
2) La aparición de una nueva especie de delincuentes que cambiaron las reglas de juego se dio, por lo menos, en la mayoría de los países latinoamericanos.
Sobre el primer punto cabe destacar la importancia del funcionamiento efectivo de controles sobre los delincuentes, cualquiera sea su clase.
Respecto del segundo, hay que aceptar que la inseguridad será la nueva pandemia con la que convivirá el mundo, y reconocer -para poder establecer políticas de seguridad- que los delincuentes solo piensan en cómo hacerse del dinero y los bienes ajenos.
No hay problemas sin soluciones. Éstas dependen de los abordajes gubernamentales sobre las crisis y conflictos, una ciencia poco explorada por la clase política.
La pandemia no sólo trajo enfermedad, generó serios daños a las economías nacionales, incrementó los niveles de pobreza y de desigualdad, lugar donde nacen los desequilibrios del sistema.
La aparición temprana de vacunas remediará la enfermedad del COVID 19, y tal vez inmunice suficientemente para enfrentar rebrotes o mutaciones del mismo virus. Pero, si los índices de pobreza superan el 50% de las poblaciones y la creación o recuperación de empleos es lenta, la sociedad planetaria sufrirá la amenaza de delitos incontrolables, sumado a que los Estados han desarrollado más esfuerzos en solucionar las economías y los sistemas de salud, habrá en el futuro menos programas para combatir el narcotráfico y la prevención del consumo de drogas.
Por la pandemia se fortalecieron los sistemas de salud en el mundo, del mismo modo habrá que reformular la seguridad, generar un sistema de justicia disuasivo y renovar la legalidad en las normas de convivencia.
Los planes económicos tendrán que promover la productividad, subsanar de modo urgente la problemática de los empleos informales dotándolos de legitimidad e inserción en el sistema laboral, y recuperar la potencialidad de sus respectivas sociedades.
Comments